Volver

02/04/2013

Educación Sin Fronteras condena el desplome de los fondos autonómicos destinados a cooperación

Hombre con niño Bolivia

La ayuda al desarrollo que destinan las comunidades autónomas cae un 69% entre 2008 y 2013. Once comunidades registran descensos que oscilan entre el 98% y el 70% y tan sólo una (Extremadura) experimenta un ligero ascenso, según los cálculos de la Campaña Mundial por la Educación. Educación Sin Fronteras alerta de las graves consecuencias de estos recortes en poblaciones vulnerables de países pobres.

Educación Sin Fronteras denuncia la caída de la ayuda oficial al desarrollo que destinan los gobiernos autonómicos, que según las previsiones, se situará este año alrededor de los 143,5 millones €, lo que supondría un 69% menos que los 464,7 millones ejecutados en el año 2008, según los datos facilitados por la Campaña Mundial por la Educación (CME).

Las estimaciones efectuadas por la coalición española de la CME (un movimiento internacional presente en más de 120 países) parten de las previsiones presupuestarias de los 17 ejecutivos autonómicos para este año 2013. Así, según estos datos, los mayores descensos en términos absolutos corresponderían a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, por este orden, que sumarían entre las cinco un recorte de cerca de 230 millones (sobre un total de 321 millones).

En términos porcentuales, las cifras son más relevantes si cabe. Castilla-La Mancha (con una variación del -97,93%), Comunidad Valenciana (-95,41%), Baleares (-95,19%) Murcia (94,84%) y Canarias (-94,67%) encabezarían el ránking de comunidades con un mayor descenso de la ayuda al desarrollo, seguidas de Cantabria (-82,18%), Cataluña (-80,9%), Madrid (-79,87%), La Rioja (-74,94%), Navarra (-73,64%), Aragón (70,43%), Castilla y León (-62,45%), Galicia (-58%) y Asturias (-50,91%).

Con descensos por debajo del 50% se situarían Andalucía (-46,85%) y, más alejado, Euskadi (-20,66%). Tan sólo Extremadura registraría un ligero aumento (10%), llegando hasta los 10 millones.

Es importante resaltar que los datos de 2013 corresponderían a los importes presupuestados, con lo que muy previsiblemente serán inferiores cuando se ejecuten realmente las inversiones. Por poner un ejemplo, los presupuestos autonómicos del año 2011 preveían inicialmente unos fondos de 474,3 millones para cooperación, pero el grado de ejecución de aquel año indica una inversión real de apenas 192 millones (según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recogidos en el informe de seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional).

Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de las comunidades autónomas (2008-2013)

Cuadro AOD por CCAA 2008-2013

(Fuente: Coalición española de la Campaña Mundial por la Educación: Educación Sin Fronteras, Entreculturas y Ayuda en Acción)

 

“Consecuencias graves para poblaciones vulnerables”

“Lamentablemente, estas cifras ponen de manifiesto en muchos casos el práctico desmantelamiento de las políticas de cooperación por parte de las comunidades autonómas y el incumplimiento del compromiso político de destinar recursos a atajar la pobreza y las desigualdades en el mundo”, indica Xavier Masllorens, director de Educación Sin Fronteras. “Las consecuencias de estos recortes —añade— van a ser enormemente graves en poblaciones vulnerables y es nuestra obligación trabajar para reducir estos desequilibrios. Recortar en cooperación equivale a condenar a la miseria y la marginalidad a millones de personas en países pobres”.

Este descenso de los fondos autonómicos para la cooperación internacional se suma a la fuerte disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo del gobierno central en el período 2008-13 (ha pasado de 4.138 millones ejecutados en 2008 a 1.850 presupuestados en 2013) y pone en riesgo el futuro del sector de las ONG de Desarrollo.

Además de los recortes, hay que añadir los impagos y, en este sentido, cabe recordar que en septiembre pasado, la Coordinadora Española de ONGD cifró en 70 millones € la cantidad adeudada por las administraciones autonómicas y locales a las organizaciones de cooperación.