Una educación pública e igualitaria

Por Maria Beneyto Antolí
Presidenta de Educación Sin Fronteras

Maria Beneyto Antolí, durante la última Asamblea General de ESF.

Educación Sin Fronteras, desde hace veinte años defiende la escuela pública y gratuita, por ser el único modelo igualitario que puede tener una sociedad. Hablamos de escuela democrática y de pensamiento libre donde todas las ideas y opciones tengan cabida. Esta libertad es la que le puede conferir calidad al modelo educativo por llegar a ser transformador de la persona y de la sociedad. La escuela pública debe ser motor del cambio social, debe ser un pilar sólido del estado del bienestar, un elemento de cohesión social, que ayude al ascenso social y que genere conciencia colectiva de pertenencia a una comunidad.

Educación Sin Fronteras, durante casi veinte años y por defender el modelo público, ha trabajado en Educación para el Desarrollo (EPD), un eje transversal y vertebrador de la educación que tiene como objetivo generar una conciencia crítica sobre la realidad mundial, facilitando las herramientas para la participación y la transformación social en clave de justicia y solidaridad. El objetivo es ayudar a construir una ciudadanía global, crítica y comprometida con el desarrollo humano.

En todo este tiempo, hemos ido elaborando herramientas para este trabajo, en red con otras entidades, con otros ONG; hemos colaborado tímidamente con la Administración autonómica y la local; hemos trabajado en la escuela formal, la no formal y la informal; hemos acompañado en temas sobre valores necesarios a la escuela; analizando los peligros de los modelos neoliberales, la lógica de la reproducción y de las propuestas éticas que se van derivando de la globalización neoliberal; adaptándonos a las nuevas tecnologías y preparando recursos para el análisis de los medios de comunicación.

El modelo de desarrollo humano en el que se debe basar la educación debe priorizar la dignidad y el bienestar de todas las personas y por esto hace falta un estado del bienestar con una escuela pública y crítica, capaz de garantizar a los ciudadanos un nivel de subsistencia moral y vital. Este pensamiento parecía claro para todos en la Europa de la posguerra, pero los sectores más ultraconservadores del poder económico y político lo empezaron a deteriorar en los años 70 y ahora la escuela se privatiza y empezamos a no tener escuela pública. La dinámica económica global aumenta la fragmentación a al interior de las sociedades y como consecuencia aumenta la desigualdad y la injusticia.

Cuando se aprobó el Pacto Nacional de Educación, llegó a ser consensuado por un grupo importante de entidades e instituciones a las cuales Educación Sin Fronteras se adhirió, porque la LOE definía unos principios generales muy aceptables:

- Garantizar una educación de calidad para todos/as, equitativa y que no deje fuera a nadie: ni con respecto al sexo ni a las clases sociales.

- Contar con el esfuerzo compartido de toda la comunidad.

- Cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea: asegurar el éxito escolar de todos los alumnos/as en la educación básica; mejorar la calidad de la educación y los resultado escolares hasta situar la tasa de titulación en un 90%; reforzar la equidad del sistema educativo; fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida y, concretamente, conseguir que el 85% de la población juvenil de dieciséis a veintidós años continúe estudios post-obligatorios de bachillerato, formación profesional o universitarios; y, finalmente, converger con los países de la Unión Europea en el esfuerzo dedicado a la educación, igualando el porcentaje mediano de su Producto Interior Bruto.

La ley aparecía como un modelo de servicio educativo público, autónomo y profesional; como un modelo que tenía como método de funcionamiento, la participación y la co-responsabilidad. La teoría de la ley se presentaba como una buena propuesta, pero los resultados están demostrando más fractura social.

Todo lo que he dicho hasta ahora nos obliga a revisar algunos aspectos del Documento de Bases por la Ley de Educación de Catalunya, sobre todo los que ya están agravando las diferencias sociales.

El Documento hace una propuesta mixta pública-concertada y va hacia un modelo organizativo privatizador; pasa la responsabilidad social a los centros públicos y al profesorado, pero no hace una propuesta sobre el modelo de dirección ni el modelo de inspección educativa; tampoco hay una propuesta para la comunidad educativa (dónde y cómo habríamos de actuar los diferentes agentes educativos, sociales, laborales, jurídicos, de seguridad...). Contrariamente, propone la auto-financiación de los centros, de manera poco clara, y la diversificación curricular, sujetos ambos a la dinámica del mercado, con el riesgo de que traiga más desigualdades. Resultan preocupantes tantas incertidumbres y tantos peligros. ¿De dónde saldrá una función directiva profesionalizada? En caso de que se establezca una autonomía económica, ¿quién evaluará los resultados de su administración? ¿Las evaluaciones de las competencias de alumnos/as, profesores/as y directores/as, tendrán en cuenta las diferentes necesidades de cada centro? ¿Qué indicadores educativos y sociales han de evaluar una ley que permite la desigualdad social, los mismos que se han utilizado en el informe PISA? Así no podremos evolucionar socialmente.

Desde Educación Sin Fronteras, de acuerdo con nuestra visión expresada al comienzo, consideramos que:

- La ley ha de explicitar claramente que este servicio público se fundamenta en la escuela pública e igualitaria, y que la privada y concertada han de actuar de manera subsidiaria y no a la inversa; deben cumplir los mismos requisitos de la ley que se piden a la pública.

- La ley debe defender sinceramente valores como la excelencia, el esfuerzo o la profesionalización (de profesores/as, directores/as, inspectores/as) pero estos valores dudamos que se consigan si no hay una coherencia en el modelo educativo, si no vamos todos a una. Si no hay equidad en la sociedad educativa difícilmente habrá excelencia. La igualdad de oportunidades de acceso a una vida digna puede estimular a unos y a otras. Estos valores no se conseguirán separando cada vez más las clases sociales y propiciando una estructura segregadora de escuela de pobres y escuelas de ricos. De buenos y malos. Tampoco se conseguirá si los derechos y deberes de los ciudadanos/as no son respetados (contratos basura, ley de inmigración...) Las trampas sociales promueven la mala educación y el fracaso social.

- La educación pública debe planificar mejor la cohesión social, adaptándose a las necesidades de cada zona educativa; con la participación responsable de toda la comunidad educativa; con una buena oferta para las enseñanzas especiales, profesionales y post-obligatorios, no formales e informales, hoy todavía poco definidos.

- La autonomía de los centros educativos debe responder al ejercicio responsable de la propia Comunidad Educativa y a la evaluación de sus propios resultados, esto se puede conseguir si la escuela tiene un buen proyecto educativo con un alto nivel de compromiso y la suficiente capacidad y poder de decisión por llevarlo a término, a la vez, un control responsable y una ayuda suficiente de la Administración. Esta autonomía de los centros ha de ser pedagógica, como la finlandesa, no económica porque, como ya hemos dicho, esto sólo puede traer además desigualdad, como ha demostrado el modelo británico.

- El perfil profesional del profesorado pasa por una formación en derechos humanos, en psicopedagogía, en nuevas tecnologías y al adquirir una cultural global y crítica (Educación para el Desarrollo) amplia, que debe responder a las necesidades sociales actuales y que debe empezar en la universidad. El proyecto educativo de los centros requiere unos profesionales que evalúen y actualicen su formación permanente y de esto se ha de ocupar la Administración. Es urgente definir y exigir otra manera de saber, de enseñar y de aprender, que sea útil a toda esta diversidad de contextos, situaciones e intereses y que dé oportunidades por crecer en libertad.

Si la Administración delega su responsabilidad en un modelo de escuela mixta en las condiciones que exuda la ley, la única cosa que conseguiremos será una desigualdad social cada vez más injusta y los objetivos de la nueva ley (LOE) que apuntaban hacia la mejora social serán un nuevo fracaso. La escuela catalana ha hecho muchos progresos hacia la igualdad y la justicia social desde comienzo del siglo XX hasta hoy, esperamos que no se pierdan.

Desde Educación sin Fronteras pedimos a la Administración que no desaproveche esta oportunidad.