Ampliación y mejora de la calidad educativa en los municipios de Sensuntepeque, Victoria e Ilobasco del Departamno de Cabañas
- Contraparte
- Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta-ADES
- Inicio del proyecto
- Enero 2006
- Finalización
- Octubre 2007
- Coste total
- 445.993,12 €
- Origen de las subvenciones, donaciones y legados
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ESF y ADES llevan años apoyando en la educación a las comunidades del Departamento de Cabañas. Según el informe del PNUD este departamento está en una de las últimas cuatro posiciones en la clasificación nacional en lo que respecta a educación. Es el segundo de los departamentos prioritarios según necesidades educativas no satisfechas por la población (retraso educativo del 42%). El grado de analfabetismo alcanza el 41,8%, y se dan bajos niveles de escolaridad y cobertura educativa.
En lo que se refiere a aspectos socioeconómicos más en general, los indicadores reflejan con toda crudeza la realidad que vive la gran mayoría de la población: en las zonas rurales, el 56% de hogares viven en condiciones de pobreza y el 14% en condiciones de extrema pobreza; el ingreso anual en las zonas rurales más pobres es de 208 colones por familia (US $24). Cabañas es el departamento número catorce en los indicadores de desarrollo nacional.
El proyecto ha contribuido a la mejora de calidad educativa en el Departamento de Cabañas, mejorando las condiciones y fortalecimiento de las estructuras educativas de los Centros Escolares de los Municipios de Sensuntepeque, Victoria e Ilobasco. Lo ha hecho mediante:
- La mejora de infraestructuras (Laboratorio, Bilblioteca, Parvulario y Guardería )
- Formación y asesoría técnica-pedagógica a maestras y maestros
- Fortalecimiento de las capacidades técnico-administrativas de 7 Centros Escolares (Directores, Asociaciones Comunales Educativas y Comités Directivos Escolares)
- Facilitación de espacios formativos a maestras, maestros, alumnos y alumnas mediante la realización de dos escuelas de verano.
Paralelamente, pretendía responder a la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación a cada ciudadano y ciudadanas de estas comunidades.