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05/11/2013

El Consejo de Europa certifica la regresión de los derechos de la infancia que denuncia Educo

Consejo de Europa

Hace poco más de un mes, desde la Fundación Educo ya alertábamos del aumento acelerado del riesgo de pobreza infantil en España desde 2007, que afecta ya a dos millones y medio de niños y niñas. Este grave problema, que supone una vulneración de derechos que el Estado tiene la obligación de remediar, ha sido reconocido ahora por el Consejo de Europa, que advierte que la austeridad en España ha debilitado la protección de los derechos de la infancia.

 

El último Informe de Derechos Humanos del Consejo de Europa señala que en España las medidas de austeridad han debilitado la protección de los derechos humanos. Este informe, fechado el 9 de octubre de 2013, alerta de que "los recortes en los presupuestos sociales, sanitarios y educativos han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias en España”.

Para el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils  Muiznieks (en la foto inferior), esta situación “ha tenido repercusiones particularmente desfavorables en el goce de los derechos humanos por los niños y las personas con discapacidad. Las autoridades españolas deberían redoblar esfuerzos para garantizar que se respeten debidamente los derechos humanos de las personas vulnerables en el contexto de las medidas de austeridad”

El informe de Muiznieks, realizado después de su visita a España del pasado mes de junio, subraya además que “el incremento de la pobreza infantil, la malnutrición y la vivienda inadecuada son cuestiones que suscitan una gran preocupación, debido a sus efectos potencialmente devastadores a largo plazo tanto en los niños como en el país”. El comisario entiende además que “incumbe a las autoridades españolas implantar estrategias eficaces para solucionar los problemas relacionados con la pobreza y aumentar la protección de los derechos socioeconómicos”.

Carta Social Europea

El alto responsable del Consejo de Europa subraya que, a tal efecto, reviste particular importancia evaluar de manera sistemática las consecuencias de las medidas de austeridad en los niños y otros grupos sociales vulnerables, en estrecha cooperación con la sociedad civil y con los Defensores del Pueblo nacionales y regionales, y recomienda asimismo que España se adhiera a la Carta Social Europea y a su sistema de reclamaciones colectivas.

Muiznieks también expresa su preocupación por los crecientes obstáculos que enfrentan los niños migrantes indocumentados en el acceso a atención de la salud, “en contravención de las normas contenidas en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, por el que España está obligada”.

A la publicación del Informe sobre Derechos Humanos en España, el propio Consejo de Europa publica además el Informe de comentarios de las autoridades públicas españolas, elaborado por los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes; de Salud, Asuntos Sociales e Igualdad; y de Justicia.

El Consejo de Europa es la organización líder en el continente dedicada a promover y defender los derechos humanos. Está formado por 47 países, 28 de los cuales son miembros también de la Unión Europea. Todos los estados miembros del Consejo de Europa han firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tratado destinado a proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

Informe de Educo

La denuncia efectuada por el Consejo de Europa va en la línea del estudio “La regresión de derechos de la infancia en España 2007-2013” elaborado por la Fundación Educo y presentado el pasado 9 de septiembre, donde se destacaba el aumento acelerado del riesgo de pobreza infantil desde 2007. Según este documento, a los dos millones de niños en riesgo de pobreza que España arrastra desde el inicio del siglo XXI, se ha sumado de forma acelerada casi otro medio millón entre 2007 y 2012. Esta pérdida de bienestar y el aumento del riesgo de pobreza infantil, desde un enfoque de derechos, no pueden considerarse problemas sociales sino una vulneración de derechos que los Estados tienen la obligación de remediar, especifica dicho informe.

 

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